La Junta Directiva de ADIDA a través de un acumulado histórico con la movilización, la lucha y una táctica acertada viene mostrando resultados parciales y concretos que fortalecen su capacidad de convocatoria y la confianza de los educadores-as- para posteriores luchas en defensa de la educación pública estatal.
La dinámica de lucha y acción de las organizaciones sindicales debe verse de una manera dialéctica, con avances y retrocesos, que permita analizar resultados a partir de una orientación clara y persistente. Lo anterior, teniendo en cuenta que es tarea de los dirigentes, delegados y activistas fortalecer e impulsar los planes acordados, resolviendo las diferencias en las instancias correspondientes, actuando como colectivo, sin anteponer los intereses individuales sobre los del gremio.
Es entonces acertado plantear que la Asociación de Institutores de Antioquia y su Junta Directiva de ADIDA y la Federación Colombiana de Educadores y su Comité Ejecutivo de FECODE, tienen una vigencia que se ve refrendada día a día con posiciones no sólo consecuentes, sino correctas para todos sus afiliados y afiliadas, que son su razón de ser.
FECODE (su Ejecutivo, su Junta Nacional y sus filiales, entre ellas ADIDA) acertaron en las acciones que posibilitaron la conservación de las primas departamentales y la preservación del Régimen Especial del Magisterio, cuyas consecuencias jurídicas son tangibles en términos salariales y prestacionales a favor del magisterio. Es un aporte que el sindicato, como es su deber y razón de ser, hace al propósito de la dignificación de la profesión docente.
Hoy los sindicatos de maestros-as- también deben representar los intereses y necesidades de los docentes regidos por el Decreto 1278 de 2002; y la Escuela Sindical, el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes –CEID-, la Comisión Jurídica, la Comisión de DDHH, entre otros, apuntan a cumplir con este propósito.
Los productos de la investigación, el análisis y la crítica permanente frente a la normatividad aplicada a los antiguos y los nuevos docentes, tienen que seguir siendo remitidos mediante oficio al Ministerio de Educación Nacional y a las secretarías de educación de las entidades certificadas, con propuestas fundamentadas y argumentadas de reivindicaciones parciales y en torno a la necesidad de un Estatuto Único de Profesionalización de la Carrera Docente.
La exigencia de la Organización Sindical ante al gobierno por el respeto a los principios constitucionales: debido proceso, favorabilidad y buena fe frente a los maestros y maestras, tiene que formar parte de los criterios de lucha y acción.
En este sentido, las entidades territoriales tienen que cumplir con la aplicación de lo establecido en relación con los nombramientos en propiedad y en período de prueba, y la inscripción en el escalafón. Todos los maestros y la Organización Sindical debemos estar atentos ante cualquier irregularidad para emprender las acciones pertinentes, inculida la lucha.
Igualmente, tenemos que seguir trabajando para eliminar lo oneroso de la evaluación de desempeño, frenar el acoso laboral y la presión que se ha ejercido a raíz de la aplicación de ésta sobre los docentes y directivos docentes.
A través del debate nacional y regional, como lo hemos hecho, se debe estructurar una propuesta para establecer una línea de conducta que fortalezca la unidad y la lucha de todo el magisterio, y donde se visibilice la situación de los docentes regidos por el 1278 y, lo más importante, que éstos sientan que el Sindicato es la organización válida para la defensa de sus intereses.