A partir de Octubre de 2002, la Comuna Trece de Medellín dejó de ser un rincón periférico más de tantos que abundan en las ciudades latinoamericanas para convertirse en un caso emblemático de violencia urbana en el mundo.

Al igual que muchas regiones de Colombia que se hacen visibles por ser el escenario de fuertes episodios de violencia, la Comuna Trece gravita hoy en la memoria regional y nacional como un territorio que estaba “tomado” por los grupos insurgentes y que fue recuperado exitosamente por el Estado en su tarea de extender el monopolio legítimo de la fuerza a todo el territorio nacional.

Esa es la narrativa oficial que sirve para justificar la seguidilla de maniobras políticas y operaciones militares en las que se utilizaron armas no convencionales como helicópteros Arpía y ametralladoras M-60 sobre una zona densamente poblada -18.364 habitantes por km², correspondiéndole a cada uno 0,38 m² de espacio público mientras que para el promedio para Medellín en ese mismo año era de 2,95 m² por habitante-. (Angarita, y otros 2008). Es decir, se realizaron operaciones de guerra propias de zonas rurales sobre una zona densamente poblada infringiendo normas del Derecho Internacional Humanitario como el principio de distinción y el de proporcionalidad, que obligan a las Fuerzas armadas colombianas a distinguir entre combatientes y no combatientes y a utilizar medios proporcionales al contexto en el que se opera para poder proteger a los civiles.

Algunos integrantes de las fuerzas armadas que  participaron el operativo señalaron que uno de los principales errores de la operación fue el ametrallamiento indiscriminado que realizaba el operador de la M-60 de la policía.

Después de las operaciones militares la narrativa oficial presentó la intervención bélica en la Comuna Trece como una apuesta por la legalidad convirtiendo la zona en un exitoso “laboratorio de paz”. Esa versión no se compadece con las agresiones que ha documentado el Proyecto Colombia Nunca Más para los años 2002 y 2003: 104 desplazamientos forzados, 99 homicidios, 72 desapariciones forzadas, 371 detenciones arbitrarias, 15 torturas, 74 lesiones personales. (2011). La “apuesta” por la legalidad no se compadece tampoco con el tipo de autor de estos crímenes. La Corporación Jurídica Libertad ha podido establecer que “la mayoría de las agresiones han sido cometidas por los grupos paramilitares que al día de hoy siguen operando en la Comuna, siempre contando con la connivencia y el apoyo de la fuerza pública, especialmente de la policía que cuenta con la base del Barrio El Corazón.”

Si miramos los hechos acontecidos en esa zona desde otra perspectiva, encontramos -como los señalaron muchas organizaciones de derechos humanos en su momento- “otra versión” que se construye desde y con las víctimas....